El Ministerio de Medio Ambiente, mediante su departamento de gestión ambiental, procedió a intervenir (parar) la instalación de la envasadora de gas licuado “Ortega gas”.

                                       

El Ministerio de Medio Ambiente, mediante su departamento de gestión ambiental, procedió  a intervenir (parar) la instalación de la envasadora de gas licuado “Ortega gas”, hasta que se  verifique su documentación. En tanto los promotores de dicha planta alegan tener la autorización de los  organismos estatales.

. Las pretensiones de instalar una planta  embasado de expendio de gas GLP en la comunidad La  Ortega, en  el marco de viviendas, frente a una gasolinera y debajo de líneas  de transmisión  eléctrica de 69 mil voltios, ha generado conflictos y temores entre los residentes del área.

La oposición mostrada por los comunitarios, juntas de vecinos , amas de casa , comerciantes y gente que quiere ´´seguridad no peligro´´ , llevó a Medio Ambiente a paralizar los trabajos de construcción , hasta  conocer los permisos que dicen poseer los inversionistas , encabezados por Franklin  Liriano Ortega .

 Se ha conocido que dicha empresa operaría con el nombre de ´´Volanta Gas´´, sin embargo, fue transferido al de ´´Ortega Gas´´, código ambiental  #8602, del 24 de julio de 2012, (final del periodo de transición de mando gubernamental) que según se firma, se violentó la ley 64-00.

A partir de esa decisión, el nuevo ministro ambiental , doctor Bautista Rojas  Gómez , decidió intervenir la obra para asegurar la legalidad y responder a una alerta  que hicieron ayer  por este medio (La Información, página 6B) las  comunidades  de La Ortega , El Caimito ,Puñal y otras del peligro que  representa la señalada envasadora.

 Tras conocerse el proyecto de instalación, los moradores del lugar, entre ellos, Juan Francisco Grullón,  presidente de la junta vecinal La Altagracia, el licenciado Daniel Montero, asesor legal, Tony Muñoz y cientos de personas han enfrentado la problemática y dicen estar dispuestos  a defender  su derechos de vivir en paz y tranquilidad con seguridad.
Al parecer los inversionistas no cumplen con los requisitos de ley, por lo que el señor Juan Marcelino, de Gestión  Ambiental de dicho Ministerio, procedió a parar la ejecución de la obra.